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Fracasa la implantación de la fábrica de autobuses de OVI
en El Marquesado. Malos resultados. El Partido Popular denuncia
Junta
y empresa se acusan mutuamente de no cumplir lo pactado en el protocolo
MIGUEL
ALLENDE • GRANADA
El mayor proyecto
industrial de los últimos años en la provincia de Granada -la instalación
en la comarca del Marquesado del Zenete de una fábrica de producción
y ensamblaje de un moderno modelo de autobús que requería de una
inversión final de 1.300 millones de pesetas- se puede dar por finiquitado.
Así lo ha reconocido a este periódico la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, cuyo delegado provincial mantiene que la
empresa Ómnibus Vehículos Industriales de Andalucía, S.A. (OVI)
ha perdido la confianza de la Junta de Andalucía al incumplir los
compromisos pactados en abril del pasado año. Los propietarios de
OVI mantienen, por el contrario, que si no se ha ejecutado inversión
alguna en la zona es porque la Administración autonómica no ha aportado
una sola peseta.
Octubre del presente año. Ésta era la fecha en la que la fábrica de
autobuses de Aldeire tenía que haber comenzado a funcionar. Así, al
menos, se contemplaba en el protocolo de intenciones firmado en abril
de 1999 por los máximos responsables de la entonces Consejería de
Trabajo e Industria, de la empresa OVI y de la Caja General de Ahorros
de Granada. Un proyecto industrial que hubiese supuesto una inversión
de 1.300 millones, empleo directo para un centenar de personas y la
creación de un pequeño grupo de empresas auxiliares en torno a la
factoría de producción y ensamblado de autobuses.
Pero, como es constatable,
en los 150.000 metros cuadrados destinados a la factoría automovilística
no se ha movido una sola piedra. Y lo que es peor, no se ejecutará
finalmente la iniciativa industrial. Esto es lo que afirma el delegado
provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
Mariano Gutiérrez Terrón, quien con cierta frustración reconocía
ayer a este periódico que las expectativas que se habían abierto
para la comarca del Marquesado del Zenete con el proyecto de OVI
se han ido al traste. El responsable político agrega que la empresa
catalana «ha perdido la confianza de la Junta de Andalucía» y explica
que ésta ha recibido en tiempo y forma un crédito de 200 millones
por parte de La General, avalado por el Instituto de Fomento de
Andalucía (IFA), para arrancar con el proyecto «una vez se había
solventado toda la tramitación administrativa y los terrenos obraban
en poder de la sociedad manresana». Pero lejos de utilizar este
dinero para estos fines, OVI lo ha empleado en su factoría de Manresa
y en el pago de los gastos originados por la formación profesional
de un centenar de obreros granadinos en sus instalaciones.
En opinión de Gutiérrez
Terrón, la alerta saltó cuando OVI ha devuelto sin abonar los primeros
recibos del citado préstamo, correspondientes a los intereses. «Desde
ese momento nuestra Consejería se replanteó su implicación en el
proyecto, pues advertimos también que OVI no justificó la formación
de los obreros ni atendió sus obligaciones con la Seguridad Social
y con Hacienda», explica el responsable provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico. Gutiérrez Terrón agrega que la preparación profesional
de los trabajadores del Marquesado tenía un capítulo de financiación
propio -unos 50 millones- de los que la Junta de Andalucía ya había
previsto abonar los primeros 20. «Pero es que ni siquiera los han
solicitado, ante las irregularidades que saben que han cometido»,
añade.
Versión empresarial
Desde la empresa, los
hechos son muy diferentes. Alberto Sevillano, socio de OVI y una
de las personas que mejor conoce el desarrollo del protocolo firmado
en abril del 99, asegura que el proyecto industrial se encuentra
pendiente de que se desbloqueen los fondos comprometidos por la
Junta de Andalucía y que cuando éstos tomen cuerpo se comenzarán
de inmediato las obras. Agrega el responsable empresarial que la
Administración autonómica tiene pendiente la concesión de un préstamo
por 400 millones, en las condiciones que el IFA tiene previstas
para los créditos que otorga con fondos del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y que en esencia recoge el plan de empresa; también tiene
por asumir el 100% de los costes de la formación de los trabajadores
que se contraten en la comarca del Marquesado, y, finalmente, las
líneas de financiación y subvenciones propias de estos casos y cuyo
importe -sumado al obtenido del Gobierno de la nación, en función
de los Incentivos Económicos Regionales- representa un monto total
del 50% en la inversión en activos fijos materiales nuevos.
«Pero ni unos ni otros,
cuando esta empresa contaba con un apoyo decidido de la Junta desde
el primer momento», asegura el portavoz de OVI. Sevillano estima
en unos 850 millones los que la firma de automoción hubiera percibido
durante todo el proceso de implantación de la factoría de autobuses,
tanto en concepto de ayudas para los préstamos necesarios como de
subvenciones directas. «Han transcurrido los 18 meses que nos marcamos
de plazo para levantar la factoría y lo único con lo que contamos
es con el préstamo de La General», apostilla el directivo de OVI,
quien resalta que fue la Junta la que «nos hizo partícipes de lo
conveniente de instalarnos en la comarca granadina;no les buscamos
nosotros, fueron ellos quienes nos pidieron que invirtiésemos».
El parlamentario popular
Santiago Pérez manifestaba ayer a este periódico que los trabajadores
que acudieron a Manresa fueron alojados en sitios indignos y la
manutención que recibían era de pésima calidad, hasta el punto de
que solicitaron a la empresa que les entregara el dinero diario
destinado a las comidas y que se elevaba a 1.800 pesetas «y ellos
se buscarían la vida». Pérez agrega al respecto que quien se atrevió
a protestar era advertido de que podía ser despedido, «incluso los
portavoces de los obreros fueron invitados en alguna ocasión a que
desistieran de su actitud o que se quedasen en Andalucía».
Otra cuestión no menos
importante es el hecho, según el parlamentario popular, de que algunos
de estos obreros no cobraron nada desde que fueron contratados -simultaneaban
trabajo con formación- por lo que tuvieron que demandar judicialmente
a OVI, que no acudió al acto de conciliación.
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